El acceso ilícito a datos de ficheros informáticos o bases de datos protegidas es una de las conductas que más consultas genera en los despachos, y casi siempre llega envuelta en prisa: una empresa que descubre movimientos raros en sus servidores, un extrabajador que recibe un requerimiento, un particular al que han entrado en el correo. En Morez Abogados se trabaja este tipo de asuntos desde los dos lados, el de quien denuncia y el de quien es investigado, con defensa penal en delitos informáticos. Aquí se explica qué conductas entran en este terreno, qué se hace en los primeros días y cómo se sostiene o se rebate una acusación de este tipo.
Entrar sin permiso en un fichero informático o en una base de datos protegida es delito aunque no se copie ni se difunda nada de lo que se ha visto. La gravedad depende de cómo se accedió, de quién accedió y de qué se hizo después con la información. Si hay datos personales implicados, la organización afectada suele tener que notificar la brecha en un plazo de 72 horas.
Qué se considera acceso ilícito a datos y sistemas (art. 197 bis CP)
El acceso ilícito a datos no exige destrozar nada ni publicar lo obtenido. Basta con entrar, o mantenerse dentro, de un sistema de información ajeno sin estar autorizado para ello, sorteando las barreras que el titular había puesto para impedirlo. Lo que se protege es el derecho de cualquiera —persona o empresa— a excluir a terceros de sus sistemas, igual que se excluye a alguien de una casa cerrada con llave.
Junto al acceso propiamente dicho, se castiga también la interceptación ilícita de datos: capturar transmisiones que no van dirigidas a quien las captura, aunque nunca se haya entrado en ningún equipo. Y existe una conducta añadida para quien fabrica, vende o facilita herramientas pensadas para este tipo de intrusiones.
Situaciones que, en la práctica, acaban analizándose como acceso no autorizado a sistemas de información:
- Intrusión / Hacking (Artículo 197 bis de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal) Entrar en el correo corporativo o personal de otra persona con una contraseña obtenida por robo de credenciales, phishing o ingeniería social.
- Seguir usando el acceso al CRM, al ERP o al servidor de archivos después de haber causado baja en la empresa.
- Saltarse un control de autenticación —incluida la verificación en dos pasos— mediante fuerza bruta o aprovechando una vulnerabilidad del software.
- Interceptación de Transmisiones (Art. 197 bis.2 CP) Capturar tráfico de una red wifi ajena para leer comunicaciones de terceros.
- Apoderamiento y Difusión de Datos (Art. 197.2 CP): usar privilegios de administrador para consultar carpetas, expedientes o historiales que nada tienen que ver con las funciones del puesto.
Intrusión informática dentro de la propia empresa y ciberespionaje
Una parte muy relevante de los casos que llegan a Morez Abogados no vienen de un atacante anónimo al otro lado del mundo, sino de dentro:
- Descargas Masivas previas a la Salida del Empleado: supuestos en los que personal laboral realiza volcados no autorizados del CRM, ERP o listados de clientes antes de comunicar su baja voluntaria para constituir una mercantil competidora (ciberespionaje empresarial). Es el terreno donde el uso indebido de privilegios de administrador y el ciberespionaje empresarial se mezclan con conflictos laborales y societarios.
- Exceso de Privilegios de Administración: Uso no autorizado de credenciales de usuario administrador para consultar carpetas restringidas, archivos de dirección o historiales médicos que nada tienen que ver con las funciones encomendadas.
- Mantenimiento Indebido de Accesos: Continuar utilizando las credenciales corporativas o accesos VPN remotos tras la extinción formal del contrato de trabajo o del contrato de prestación de servicios.
El patrón se repite: una salida conflictiva, una descarga masiva de documentación en los días previos y, semanas después, una competencia que aparece con la misma cartera de clientes. Ahí conviven varias cuestiones —la intrusión en sí, la posible sustracción de secretos de empresa y las consecuencias laborales— y cada una sigue su propio camino.
Credenciales compartidas y cuentas que nadie dio de baja
El punto débil de muchas organizaciones no es el firewall, sino la gestión de altas y bajas. Cuentas de usuarios que se marcharon hace meses y siguen activas, contraseñas compartidas entre varias personas del mismo departamento, accesos de proveedores externos que nunca se revocaron, o un único usuario administrador que utiliza medio equipo directivo. Cuando ocurre una brecha de seguridad en base de datos, esa desorganización se vuelve en contra por partida doble: dificulta saber quién estuvo detrás de cada acceso y debilita la posición de la empresa frente a la autoridad de protección de datos, que valorará si las medidas de seguridad eran razonables. Revisar el inventario de accesos y dejar constancia de quién tiene qué permisos es una de las medidas preventivas más baratas y de las que menos se aplican.
Primeras medidas ante una brecha de seguridad
Lo que se hace en las primeras horas condiciona todo lo demás. La reacción instintiva —apagar el servidor, reinstalar, cambiarlo todo y seguir trabajando— suele destruir precisamente la información que después hará falta para demostrar que hubo un acceso ilícito a datos. La prioridad es doble: contener el incidente y conservar el rastro.
Preservar logs, evidencia electrónica y cadena de custodia
Los logs de acceso son el corazón del asunto: registran qué usuario entró, desde qué dirección IP, a qué hora y qué consultó o descargó. Muchos sistemas los sobrescriben de forma automática en cuestión de días, así que lo primero es ampliar su retención y guardar una copia fuera del equipo afectado. Un perito judicial informático hará después un volcado completo del dispositivo —no una copia simple— y documentará cada paso para mantener la llamada cadena de custodia digital, es decir, la trazabilidad que permite afirmar que lo que se presenta ante el juzgado es exactamente lo que se encontró y que nadie lo ha alterado por el camino. Trabajar sobre el disco original, abrir ficheros para «echar un vistazo» o permitir que el departamento de informática manipule el equipo sin método rompe esa trazabilidad y abre la puerta a que la prueba se discuta.
Notificación obligatoria de brechas de seguridad a la AEPD (Art. 38 LO 7/2021 y Art. 33 RGPD)
Cuando el incidente afecta a datos de carácter personal —clientes, empleados, pacientes, usuarios—, la vía penal no es la única abierta. La organización responsable debe notificar la quiebra de seguridad a la Agencia Española de Protección de Datos, con el plazo de 72 horas desde que el responsable tenga conocimiento de ella, conforme al Artículo 38 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo y el artículo 33 del RGPD. Esa evaluación no se improvisa: depende del tipo de datos comprometidos, del volumen y del riesgo que se genere para quienes figuran en el fichero. En paralelo, el INCIBE, que atiende la línea 017 de ayuda en ciberseguridad, orienta sobre la contención técnica del incidente. Denunciar y notificar son trámites distintos, con destinatarios distintos, y uno no sustituye al otro.
La notificación extemporánea debe acompañarse de la indicación fundada de los motivos de la dilación.
Criterios de sancionabilidad de la AEPD ante brechas
- Diligencia Previa y Confinamiento (Archivo AEPD):
– Si la entidad contaba con medidas de seguridad acordes al riesgo y actuó diligentemente conteniendo el daño, la AEPD acuerda el ARCHIVO DE ACTUACIONES.
- Falta de Medidas de Seguridad (Sanción / Apercibimiento):
– Si la brecha derivó de vulnerabilidades manifiestas o negligencia en el cifrado, la AEPD impone sanciones económicas o apercibimientos.
Valoración probatoria de la intrusión ante la Jurisdicción Penal (La dirección IP)
Demostrar que hubo acceso ilícito a datos implica probar dos cosas separadas: que se produjo una entrada no autorizada y que la hizo una persona concreta. Lo primero se acredita con registros técnicos; lo segundo es lo que de verdad complica los procedimientos.
Una dirección IP identifica una conexión, no a un ser humano. Atribuir la intrusión a alguien exige unir ese dato a otros: horarios, dispositivos, credenciales utilizadas, geolocalización o el destino posterior de la información.
De ahí que el análisis forense digital rara vez se apoye en un solo indicio. Se cruzan los registros del servidor con los del proveedor de acceso, con los dispositivos corporativos entregados a la persona investigada y con el rastro de la exfiltración no autorizada de información: correos enviados a cuentas personales, conexiones de memorias USB, subidas a servicios en la nube. La defensa, por su parte, suele trabajar sobre la otra cara: credenciales compartidas, equipos accesibles a varias personas, ausencia de medidas de seguridad reales o permisos que la propia empresa había concedido y después olvidó. En Morez Abogados, la revisión del informe pericial es la primera tarea tanto si se acusa como si se defiende.
Consecuencias penales, agravantes y responsabilidad de la persona jurídica (Art. 31 bis CP)
La intrusión informática se castiga con penas de prisión y multa, y el abanico se mueve bastante según las circunstancias del caso. Pesan factores como el tipo de información afectada, si se difundió o se usó después, si hubo ánimo de lucro, si intervino un grupo organizado, si se dañaron los sistemas o si los datos comprometidos eran especialmente sensibles. Las cifras concretas dependen de los hechos que se declaren probados, y no se pueden anticipar leyendo un artículo.
Modalidad Delictiva | Marco Penológico (Prisión) | Multa Pecuniaria | Calificación y Requisitos |
|---|---|---|---|
Acceso a Sistema sin Autorización (Art. 197 bis.1 CP) | 6 meses a 2 años | No prevé multa accesoria. | Exige eludimiento de medidas de seguridad. |
Interceptación de Transmisiones (Art. 197 bis.2 CP) | 3 meses a 2 años | Multa de 3 a 12 meses. | Uso de artificios técnicos o escuchas lógicas. |
Apoderamiento de Datos Personales (Art. 197.2 CP) | 1 a 4 años | Multa de 12 a 24 meses. | Afectación a datos en ficheros o soportes. |
Difusión de Datos a Terceros (Art. 197.3 CP) | 2 a 5 años | No prevé multa accesoria. | Revela o cede a terceros lo descubierto. |
Delito Cometido por Autoridad/Funcionario (Art. 198 CP) | Mitad superior (Prisión) | Mitad superior | Prevalimiento del cargo o función pública. |
Además, el asunto rara vez termina en lo penal. Suele arrastrar consigo:
- Una reclamación de daños y perjuicios por parte de quien sufrió la intrusión.
- Un expediente de la autoridad de protección de datos, dirigido no al intruso, sino a la organización que custodiaba el fichero, si sus medidas de seguridad resultaron insuficientes.
- Consecuencias laborales inmediatas cuando el acceso lo realizó una persona de la plantilla.
- Un impacto reputacional que, en empresas que manejan datos de terceros, llega a doler más que la propia sanción.

¿Te afecta acceso ilícito a datos?
En Morez Abogados revisamos tu situación con acceso ilícito a datos y te decimos qué opciones tienes, sin compromiso.
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Hay una lista corta de decisiones que se repiten y que después cuesta mucho revertir. La más común:
- Confrontar al presunto responsable antes de haber preservado nada. Avisado el interesado, los dispositivos se limpian y el rastro desaparece.
- Formatear, reinstalar o devolver a producción el equipo afectado sin volcado previo.
- Ruptura de la Cadena de Custodia: Permitir que personal técnico sin titulación ni metodología forense manipule los archivos de log o los discos duros originales
- Dejar que caduquen los registros de acceso por no ampliar su retención a tiempo.
- Investigar por cuenta propia entrando en cuentas ajenas, lo que puede convertir al denunciante en investigado. 197.1 del Código Penal
- Despedir sin un informe técnico que sostenga los hechos.
- Difundir el incidente en redes o entre clientes antes de tener claro su alcance.
- Dejar pasar meses: cuanto más tarde se actúa, más datos se han perdido.
- Omisión de Notificación a la AEPD: Omitir la notificación de la brecha dentro del plazo de 72 horas cuando existan riesgos para los datos personales de terceros.
- Carencia de Política de Uso de Medios Digitales: Investigar dispositivos corporativos sin contar con una política de uso de herramientas informáticas debidamente notificada a la plantilla (art. 87 de la LOPDGDD).
Quienes reciben una citación por un asunto de este tipo cometen el error simétrico: dar explicaciones por escrito, por correo o por mensajería, antes de haber revisado qué consta exactamente en el expediente.
Un incidente de intrusión mezcla cuestiones penales, de protección de datos, laborales y técnicas, y cada una corre a su propio ritmo. Lo razonable es ordenar primero los hechos, preservar lo que haya quedado y decidir después qué vía se abre y en qué orden. En Morez Abogados puede plantearse el caso y valorarse el recorrido que tiene; quienes estén en esta situación pueden exponerlo a través de la página de contacto del despacho para revisar con qué se cuenta y qué pasos admiten espera y cuáles no.
Preguntas frecuentes sobre acceso ilícito a datos
¿Constituye delito acceder al correo corporativo de un compañero de trabajo?
Sí. El acceso no autorizado al correo electrónico corporativo o personal de un tercero vulnerando barreras de autenticación (contraseñas o tokens) constituye un delito de intrusión informática (art. 197 bis.1 CP) y de apoderamiento de datos o correspondencia (art. 197.1 y 197.2 CP), castigado con penas de prisión.
¿Es delito entrar al correo o al servidor de una empresa sin permiso?
Entrar sin autorización en el correo o en los servidores de una empresa puede constituir delito aunque no se copie ni se difunda nada. No hace falta causar daños: la conducta castigada es la intrusión misma en un sistema ajeno protegido. Además, si se accede a datos personales reservados y se hace uso de ellos, la conducta puede ser sancionada a través del artículo 197.2 del Código Penal aunque las barreras de protección lógicas fueran débiles. Que el acceso se hiciera desde dentro de la organización no lo convierte en lícito si se excedieron los permisos concedidos.
¿Hay delito si el sistema no tenía contraseña ni medidas de seguridad?
Depende del caso, y es una de las cuestiones más discutidas en este terreno. De acuerdo con la Circular 3/2017 de la FGE, el tipo del artículo 197 bis.1 exige expresamente la vulneración de las medidas de seguridad establecidas para impedirlo. La existencia de barreras técnicas —contraseñas, cifrado, control de accesos— pesa en el análisis, pero también se valora si el titular había excluido con claridad a terceros y si quien accedió sabía que no estaba autorizado.
¿Cómo se denuncia un acceso no autorizado a un sistema informático?
La denuncia se presenta ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o el juzgado, acompañada de todo el material técnico disponible: registros de acceso, capturas, correos y, si existe, el informe pericial. Si hay datos personales afectados, la notificación a la Agencia Española de Protección de Datos es un trámite distinto y paralelo, que no sustituye a la denuncia.
¿Qué puede hacer una empresa si sospecha que un empleado accede a datos protegidos?
Lo primero es preservar la evidencia antes de mover ficha: ampliar la retención de los registros, asegurar los dispositivos y documentar qué permisos tenía esa persona. La revisión de equipos corporativos tiene límites que dependen de la política interna de la empresa y de la información que se haya dado a la plantilla, así que conviene verificar el margen real antes de actuar.
¿Una dirección IP es suficiente para condenar a un investigado?
No. La doctrina penal del Tribunal Supremo establece que la dirección IP únicamente identifica el punto de conexión contratado, pero no la persona física concreta que ejecutó la acción. Para una condena penal se requiere una prueba indiciaria convergente (intervención del equipo, logs de sesión corporativos y trazabilidad de exfiltración
¿Es obligatorio notificar siempre la brecha a la AEPD?
No en todos los casos. De acuerdo con el artículo 33 del RGPD y la Ley Orgánica 7/2021, es obligatorio notificar la brecha a la AEPD únicamente cuando sea probable que la violación de seguridad constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
¿Cuánto tiempo hay para actuar tras detectar la intrusión?
Los plazos legales varían según la conducta y la gravedad, pero el plazo que de verdad aprieta es el técnico. Muchos sistemas sobrescriben sus registros de acceso en días o semanas, y sin ellos resulta mucho más difícil reconstruir lo ocurrido. Actuar en las primeras horas sobre la evidencia es lo que marca la diferencia.
Referencias legales
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. — Art. 197 bis (modificado el 2015-03-31 por BOE-A-2015-3439): Tipificación de los delitos de acceso ilícito a sistemas de información e interceptación de datos.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. — Art. 264 bis (modificado el 2015-03-31 por BOE-A-2015-3439): Sanción por obstaculización u interrupción del funcionamiento de sistemas informáticos ajenos.
- Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales. — Art. 38: Notificación obligatoria de brechas de seguridad de datos a la Autoridad de Protección de Datos en el plazo de 72 horas.
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. — Art. 87: Regulación del derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.


